Florencia Mercado Vivanco*

 

El caso de Nestora no sólo es una vulneración a los derechos de los pueblos originarios, siendo criminalizada por sus labores como autoridad de la CRAC-PC. Su caso también devela la situación de los migrantes que regresan a sus lugares de origen, conectando una serie de situaciones estructurales que atraviesan la frontera México-estadounidense.

Como muchas mujeres, Nestora decidió emigrar muy joven a los Estados Unidos para sacar adelante a su familia. Como muchas, encontró cabida en el trabajo doméstico, seguramente de una familia blanca que tuvo los suficientes recursos para contratar, en el mercado-laboral de la migración, a quien pueda cuidar de sus hijos. Sin embargo, su nombre no aparece en el terreno de lo público sino hasta que regresa a México y encuentra que en su comunidad de origen hay un verdadero caos en el que ella se encontraba amenazada. El crimen organizado la tenía en una lista de secuestros a ejecutar. Su decisión fue la organización colectiva para enfrentar los abusos de un crimen coludido con las autoridades del Estado.

 

Esta historia nos hace pensar sobre el sentimiento de los migrantes cuando regresan al pueblo que han mirado con nostalgia desde afuera. Regresar y ver sus comunidades prácticamente tomadas o vacías a causa de la colusión del crimen con la política nacional, nos lleva a preguntarnos ¿qué sentirán las personas que mantienen una nación que vive, en gran medida, de las remesas que su trabajo produce?, ¿qué sienten al ver a sus familias presas literal y metafóricamente de esta política de muerte que amenaza sus territorios, la propia vida y la de sus familias? ¿En dónde está los quiebres y continuidades que obligaron a Nestora a tomar las decisiones que la han llevado hasta establecer una huelga de hambre que, puso en riesgo su vida en el penal de Máxima Seguridad de Tepic Nayarit, hasta ser trasladada a Tepepan y ahí continuar su exigencia de liberta y de sus compañeros?

 

Lo primero que viene a la mente es el hecho de que México es un país expulsor, particularmente la entidad guerrerense. El caso Nestora, sin duda, devela los hilos de la miseria que las políticas económicas (mineras, comercio de opio, turismo sin planeación) han dejado en su población. A la par, nos demuestra cuáles son los elementos que tiene la población para enfrentar la inseguridad en Guerrero.

 

La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de Guerrero-Policía Comunitaria se ha caracterizado por construir una seguridad que no existía en sus regiones y, de manera más profunda, reinventarla. La definición de esta forma de justicia les ha llevado casi 20 años de reflexión colectiva se basa en tres principios:

 

Investigar antes de castigar

Conciliar antes de dictar sentencia

Reeducar antes que castigar

 

En contraste, un juez (cual sea) tiene la responsabilidad de dictaminar la situación de una persona que envuelve todas esas aristas. La vida de Nestora pende de un hilo y son más de 25 días que las autoridades penitenciarias de México enfrentan la complicidad de observar diariamente a una persona, miles en verdad, que enfrentan un proceso judicial sobre el que no hay ninguna sentencia. No existe ninguna justificación para mantener privada de su libertad a ninguno de los presos políticos de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, mucho menos para que sean calificados de “alta peligrosidad”. Pienso en el traslado de Nestora y en las posibilidades de la gente de Olinalá para montar un operativo de fuga y francamente me parece una idea irrisoria. No existe un poder local capaz de enfrentar a la política penitenciaria de este país. La única vía que han utilizado los policías comunitarios en Guerrero es la política-jurídica. Es decir, ellos, a diferencia de las autoridades estatales han hecho uso del intento de diálogo, de usar sus propios cuerpos para inmolarse en la búsqueda de una justicia inexistente en este país. Ahora comparte sala hospitalaria con Elba Esther Gordillo.

 

El contexto nacional y local al que se enfrenta la Comandanta de Olinalá es sumamente ríspido. Por un lado, el gobierno estatal cuando estuvo bajo el mandato de Ángel Aguirre Rivero buscó acercamientos con la CRAC-PC, consiguiéndolos a través de Eliseo Villar de Castillo, que desconoció a los presos políticos de la Coordinadora bajo el argumento de que eran “radicales”, desconociendo en los medios periodísticos los acuerdos tomados por la CRAC-PC en Asambleas Regionales. En apoyo a esta tesis, la Sra. Isabel Miranda de Wallace y el Sr. Martí (el de los artículos deportivos) consideraron prudente abanderar su lucha contra el secuestro exigiendo “todo el peso de la ley” para Nestora, bajo el argumento de que el proceso de reeducación es secuestro.

 

Más allá de la cooptación que se presentó al interior de la CRAC-PC y de la que vale la pena aclarar Eliseo Villar fue desconocido en Asamblea Regional; y de la profunda ignorancia de los “defensores del orden” que en los casos del secuestro de sus hijos fueron muy críticos del Estado y ahora defienden en status quo del estado de derecho del sexenio peñista, lo que está atrás de las múltiples presiones que tienen las autoridades judiciales para determinar la situación de Nestora es la osadía de regresar de una situación migratoria y darse cuenta que aquí está todo mal y que la única opción es la organización colectiva. Se castiga a la mujer inapropiada, inapropiable, desubicada, cuya identidad desborda las categorías de migrante-indígena-autoridad-mujer. Se castiga para que no se nos olvide que el poder para los ciudadanos sólo puede ser construido nosotros mismos.

 

El Gobierno mexicano está tocando la puerta de una insurrección trasnacional. Un ¡ya basta! de los que mantienen (mantenemos) la propia farsa electoral, las remesas que soportan el pago de los errores de la apertura de nuestros recursos petroleros al mercado internacional. Esto, sumado a la política de “retorno” de los mexicanos y centroamericanos expulsados de los Estados Unidos, sin duda abonan a la reflexión política que se está generando en ambos lados de la frontera. Nestora, a través de su experiencia, nos ha mostrado muchas aristas de la problemática nacional e internacional. Su exigencia por la libertad de sus compañeros, deja al desnudo la impunidad que el sistema priista ha construido desde hace más de ocho décadas.

 

También devela, sin duda, una toma de conciencia de la población guerrerense (en el caso de la CRAC-PC que sucumbió a la cooptación), así como de la migración a EU y la migración “interna” (San Quintín). Considero que la tarea del juzgador debe tener en mente todos estos cruces, porque no se trata de una identidad inmóvil. Se trata de una luchadora que deja al desnudo múltiples realidades. Su caso envuelve muchos niveles de in-justicia que se articulan con problemáticas estructurales muy serias. La tarea de reconocer que el Estado mexicano ha utilizado el sistema judicial para reprimir la lucha social, se vuelve un paso necesario en la búsqueda de la justicia para Nestora Salgado García.

*Abogada, investigadora del tema de la Policía Comunitaria. CRAC-PC.